Resumen: La sentencia admite la legitimación de los trabajadores para recurrir la resolución de la TGSS contra acta de liquidación dirigida a la empresa pues considera que son titulares de intereses legítimos (aunque sean indirectos) al resultar afectados por las consecuencias derivadas del acta de liquidación impugnada y de la actuación de la TGSS resultado del acta de Inspección, de las que derivara su encuadramiento en el régimen general.En cuanto al fondo, el problema reside en determinar cuándo una relación de representación mercantil se encuentra sometida a la Ley 12/1992, sobre contrato de agencia o, por el contrario, al Real Decreto 1438/1985, de 1 de agosto, que regula la relación laboral de carácter especial de las personas que intervengan en operaciones mercantiles por cuenta de uno o más empresarios, sin asumir el riesgo y ventura de aquéllas, en los casos en que, efectivamente, no se haya pactado que el representante deba responder del buen fin de las operaciones.
Resumen: Se confirma que la contingencia del proceso de incapacidad temporal iniciado por la demandante es de origen común, al no estar relacionado con el proceso previo por COVID-19, tratándose de una patología diferente como es el síndrome de fatiga crónica y fibromialgia. La Sala después de examinar la revisión de los hechos que se desestima por irrelevante y no deducirse de prueba idónea, destaca que la trabajadora no impugnó su previa alta ni la contingencia que se declaró común del mismo; refiere la naturaleza del personal sanitario, al ser la actora celadora estatutaria.
Resumen: En la disyuntiva de tener que delimitar el alcance del desequilibrio económico eludiendo la fijación de una suma "a tanto alzado", y no siendo posible seguir el criterio del perito en orden a la acumulación de la totalidad de ingresos esperables, nos vemos abocados a utilizar los datos objetivos que se ofrecen en el propio informe pericial, para poder establecer un criterio comparativo necesario en este tipo de procedimientos. Para ello, haremos uso del dato de facturación del ejercicio 2019, por tratarse de la anualidad en la que no existe controversia acerca de la falta de un impacto negativo atribuible al Ayuntamiento de Cuenca, (como hemos anticipado el Juzgador concretiza ese momento en una fecha exacta, el 30 de junio de 2018 a la hora de analizar la prescripción), y tampoco se vio mediatizada por la reducción de ingresos que generó la crisis del COVID, en los años 2020 y 2021.
Pues bien, teniendo el dato de la facturación de 331.000 euros en el año 2019, podemos determinar la relación que existe entre los ingresos obtenidos en ese año por las plazas en rotación, en los 100 días al año, atendiendo a una ocupación efectiva del 85%, que equivale a 82.328 euros; y a partir de esa cifra establecer la proporcionalidad de los ingresos que son atribuibles a los años anteriores aplicando la misma metodología, de manera que la diferencia es el importe del perjuicio. En este punto debe destacarse que entendemos que no puede delimitarse el impacto negativo.
